Se presentaron las políticas y prácticas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal en materia disciplinaria.

Se presentó la Guía de Prácticas para el ámbito jurisdiccional elaborada por el Consejo de la Judicatura Federal. La Guía es el resultado de reunir y sistematizar las aportaciones que, a lo largo de las experiencias de jueces y magistrados, se han presentado y adoptado en los distintos órganos jurisdiccionales para lograr su adecuado funcionamiento. Guía que los integrantes de la mesa acordaron analizar para su posible emulación.

Se acordó evaluar el sistema disciplinario por un órgano externo, mediante la aplicación de encuestas de percepción y análisis de los procedimientos en materia disciplinaria, con el propósito de mejorarlo en beneficio de la impartición de justicia.

Se dio cuenta con los avances del proyecto “Estudio de opinión de la Satisfacción de los Usuarios de la Justicia” a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estudio que por su magnitud y complejidad no ha sido concluido.

Se presentó a la mesa de trabajo el estudio de evaluación y diseño de los medios de difusión de la justicia agraria, por parte del Tribunal Superior Agrario.

Finalmente, la mesa de trabajo acordó formar una Comisión de Trabajo para generar ideas relativas al impulso de los medios alternativos de solución de controversias, como un medio de acceso a una justicia efectiva. Se decidió invitar a esta Comisión al Ministro Mariano Azuela Güitrón a fin de que pudiera coordinar sus esfuerzos. El grupo estará integrado por la Magistrada Laura Aceves, del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal; el Magistrado Pedro Zamora, del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca; el Licenciado Eduardo Magallón, en representación del Barra Mexicana, Colegio de Abogados; el Dr. Héctor Fix Fierro por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y la mesa acordó formular una respetuosa invitación a los capítulos que integran la Asociación para que designen a un representante para este Grupo de Trabajo, para lo cual se fijó como plazo el mes de abril de 2010.

Se buscarán mecanismos de acercamiento entre la Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de fortalecer la educación a distancia en el país y ampliar el alcance de los cursos de capacitación judicial.

Se requieren mayores esfuerzos enfocados a la detección de las mejores prácticas para medir el perfil ideal del juzgador y utilizar las herramientas analíticas de otras disciplinas de las ciencias sociales, con el fin de identificar las áreas de mejora en cuanto a personalidad y actitud dentro del espacio laboral.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuará el desarrollo de la carrera judicial y se acercará a otros órganos del Poder Judicial para fortalecerla. A partir de su experiencia, buscará difundir sus logros y las áreas de oportunidad que detecte, a otros órganos jurisdiccionales.

Al trabajar en la unificación de los parámetros de medición y establecimiento de estadísticas judiciales, lograremos contar con más y mejores herramientas para el análisis de la situación que guarda el órgano jurisdiccional, y así ser más proactivos en la búsqueda de las soluciones a problemáticas comunes que nos aquejan. Por ello, hemos coincidido en la necesidad de crear una comisión integrada por un representante de cada apartado de esta Asociación, para el establecimiento de líneas mínimas de cumplimiento en la emisión y presentación de estadísticas judiciales para todos los órganos impartidores de justicia, y así hacer factible el análisis y estudio de éstas.

El proyecto denominado Juicio en Línea está diseñado para operar en una plataforma tecnológica, pero también está concebido como un proceso de transformación y mejora continua del sistema de impartición de justicia fiscal y administrativa en el ámbito federal. Se trata de un proyecto que reconoce la necesidad del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para cumplir plenamente el mandato constitucional de impartir justicia de manera pronta y expedita, teniendo como principales beneficiarios al justiciable, a la sociedad y al propio órgano jurisdiccional.

Con esta visión integradora, el objetivo inmediato del proyecto es desmaterializar el contencioso administrativo federal, es decir, el justiciable podrá hacer valer sus derechos en un juicio sin papel y sin que sea obligatoria su presencia. El mediato es lograr la in-materialización de dicho procedimiento, lo que significa que todo el procedimiento, desde acto impugnado y pruebas, sea en medios electrónicos.

Se reconoció la importancia que tiene en la actualidad que los órganos jurisdiccionales cuenten con un área responsable de la comunicación social, como una herramienta más de un buen gobierno judicial y se hace un especial reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia al liberar en fecha próxima su buscador jurídico.

La experiencia internacional representada por SIGOBIUS, que constituye una propuesta metodológica con soporte instrumental para articular el trabajo del juez, de los funcionarios judiciales y de los auxiliares de justicia, permite confrontar las buenas prácticas internacionales con los esfuerzos que se realizan en nuestro país en el mismo sentido.

Se presentó para la discusión general, el Proyecto de Estudio sobre la Responsabilidad Ética del Funcionario Judicial, el cual tendrá un período de análisis de un año para su evaluación, mediando para ello dos reuniones preliminares, en las que se hará un balance general de las aportaciones realizadas.

Se concluye que será sometido a un estudio el nuevo proyecto de Código Modelo de Ética Judicial, para lo cual se contará con un año, antes de la próxima reunión de la AMIJ, para su evaluación y eventual aprobación.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentaron las principales actividades desarrolladas en sus respectivas instancias en el marco del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial Federal.

Por último, se presentó un resumen de los resultados del diagnóstico realizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de equidad de género.

Derivado de la mesa, se arribó a lo siguiente:

La organización temática de las Primeras Jornadas o Talleres Nacionales sobre justicia y género, cuyo objetivo será la sensibilización en perspectiva de género a través de la revisión de la legislación internacional en derechos humanos y la jurisprudencia comparada.

La mesa toma nota de los avances del “Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Administrativa a Nivel Nacional” que será concluido de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia. Los resultados preliminares del estudio muestran que existen importantes asimetrías en el diseño, operación, recursos y capacidades de los órganos de impartición de justicia administrativa y que en conjunto se muestra un problema de diseño constitucional legal y organizacional que debe ser corregido a la brevedad.

En cuanto al juicio en línea, que representa un cambio de paradigma, y que comprende la implementación de procedimientos más ágiles con el uso de la tecnología que en la actualidad existe a nuestro alcance, permitirá que cobre vigencia la garantía de los gobernados a tener una justicia pronta y expedita, estaremos atentos al desarrollo que del mismo realiza el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con miras a implementarlo en los tribunales estatales cuya legislación prevé ya este tipo de juicios como son los Estados de Nuevo León y Nayarit, tomando en consideración lo manifestado por el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien durante su presencia en la mesa, puntualizó la condición del financiamiento del juicio en línea al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que la plataforma utilizada para su implementación sea compartida y aprovechable por los tribunales que integran el apartado V.

Por lo que corresponde al avance de la propuesta de reforma al artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la misma se encuentra en la etapa de predictamen ante la Cámara de Senadores, se requiere el impulso de la misma. En consecuencia se propone a la AMIJ que acompañe a la AMTCAEUM en la respetuosa solicitud que se formulará al Senado de la República para que se dictamine y vote la iniciativa de reforma, la que podrá ser el punto de partida para un reforzamiento integral de la justicia administrativa en el país. La mesa considera que el “Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Administrativa a Nivel Nacional” podrá servir a informar el debate legislativo y contribuir a la necesidad urgente de la reforma constitucional.

En relación a las competencias afines de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, concretamente a los juicios interpuestos por los elementos de seguridad pública y para el caso de que el acto por el cual se les dio de baja resulte ilegal, es un tema que por la limitante del tiempo solo permitió conocer la ponencia del Magistrado Luis Rivera Montes de Oca; la temática sigue en discusión, por lo que las ponencias recibidas se circularán entre los asociados para que formulen comentarios, fijando como fecha límite para emitirlos, el quince de enero de dos mil diez, con la finalidad de llegar a la próxima asamblea del capítulo, con alguna conclusión respecto del tema, atendiendo desde luego a la autonomía de cada tribunal.

Se consideró que la aplicación de la reforma en el pasado proceso electoral federal ha resultado exitosa, principalmente respecto de la redistribución de competencias entre la Sala Superior y las Salas Regionales, que ha permitido acercar la justicia a los justiciables.

Se propuso la creación normativa de una Teoría del Acto Electoral, así como transitar del sistema tasado de causales de nulidad en materia electoral, a uno de tipo amplio que permita sancionar cualquier tipo de irregularidad que incida indebidamente en los procesos electorales y en sus resultados.

La reforma electoral también aportó en la integración del Tribunal Electoral, en la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, por lo que asume el compromiso de fomentar la profesionalización y especialización de su personal jurídico, así como de continuar trabajando intensamente en la formación del mismo.

Con apoyo del Fondo Jurica, la Red Nacional de Argumentación Jurídica se compromete a generar instrumentos de apoyo para el ejercicio de la función jurisdiccional, que permitan mejorar permanentemente la calidad de las resoluciones judiciales.

Finalmente, en seguimiento a los cinco Talleres de Estudio y Análisis del nuevo marco constitucional y legal en materia electoral, celebrados con el apoyo del Fondo Jurica, en cada una de las circunscripciones plurinominales, el próximo año se llevará a cabo un sexto taller para conclusiones, al cual se integrarán los tribunales electorales del país.

Por último, lograr que los resultados de los proyectos sean experiencias que los diferentes poderes judiciales puedan aplicar en su propio proceso de reforma.

Se acordó solicitar se incluya a todas la Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, y Tribunales de Conciliación y Arbitraje para que se realice en estos órganos el diagnóstico sobre la eficacia en el desempeño y dependiendo del resultado, emitir recomendaciones para el mejor funcionamiento.

Se agradece y acepta la propuesta del Magistrado Héctor Arturo Mercado para tener encuentros con magistrados federales para conocer puntos de vista y enriquecer con sus conocimientos en la materia, la diversidad de criterios.

Se plantea impulsar la implementación de proyectos para la capacitación a través del Fondo Jurica, Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, y Tribunales de Conciliación y Arbitraje.

Se proponen foros para la unificación de criterios en materia laboral; en razón de este tema el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco propuso y fue aprobada como sede dicha entidad; asimismo se acordó que a través de los representantes del apartado VIII de la AMIJ se coordine el evento, en el mes de marzo de 2010.

Se acordó tomar acciones dirigidas a fortalecer las funciones de los centros de mediación aprovechando su experiencia y el intercambio permanente con instituciones públicas, privadas, nacionales y extranjeras, con el fin de garantizar la capacitación y la mejora continua de los servicios prestados por estos centros.

Se reconoció a los centros de mediación como entes que coadyuvan al alivio del rezago judicial en el mediano o largo plazo; sin embargo no ha sido posible medir con certeza su alcance, por lo que resulta indispensable contar con la estadísticas uniformes y de calidad para lograr evaluarlas correctamente.

Se reconoció una preocupación por contextualizar la justicia alternativa en materia penal. Existen obstáculos para adaptar al sistema adversarial en México, dadas las distinciones entre la concepción de la reparación del daño y la persecución del delito, así como la diferencia entre la negociación previa al juicio y la mediación restaurativa.

A partir del reconocimiento de la disyuntiva sobre la organización y relación interinstitucional de los centros, en especial respecto de los poderes judiciales, se reconoció la necesidad de reforzar la institucionalidad de los centros de mediación a través de: la profesionalización de la función mediadora, definición de estructuras organizacionales funcionales y adecuadas, mecanismos sencillos para ampliar el acceso a la justicia, difusión y sensibilización del uso y alcances de los centros mediante las Casas de la Cultura Jurídica de la SCJN.

Los centros de mediación deben contar con la suficiente flexibilidad y holgura para evitar las formalidades judiciales; pero también con la suficiente institucionalidad que asegure su eficacia. He ahí el reto organizacional y normativo.