Señor Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa; señora Gobernadora del Estado de Yucatán, licenciada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco; señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciado Ángel Francisco Prieto Méndez.

Señor Presidente del Municipio de Mérida, licenciado César Bojórquez Zapata; respetables legisladores federales y locales, distinguidos integrantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ; distinguidos observadores, apreciables impartidores de justicia, señoras y señores:

Más de dos mil 400 municipios, 31 estados y un Distrito Federal conviven con sus diferentes competencias y atribuciones en la Nación mexicana que es única e indivisible como lo dicta el Artículo 2 de nuestra Constitución.

En lugar de una jerarquía única y piramidal, muy propia de los siglos XIX y XX, el diseño del Estado mexicano del Siglo XXI centra su unidad en los principios y postulados de nuestra esencia constitucional que data desde 1857, entre ellos, la garantía de acceso a la justicia.

Aunada a la prohibición constitucional de hacerse justicia por propia mano y de ejercer la violencia para reclamar su propio derecho, existe la obligación del Estado mexicano de establecer tribunales para impartir justicia pronta, completa e imparcial.

El ejercicio y defensa de los derechos en todas sus ramas, ha sido reservado constitucionalmente al terreno de los órganos jurisdiccionales.

Visto así, México es un país que integra una variedad de competencias y divisiones políticas y territoriales.

El catalizador de su unidad, es la coherencia en sus formas y principios de Gobierno, que han de estar presentes en todos los ámbitos jurídicos del país.

La justicia, desde luego, forma parte de este complejo tejido institucional.

No existe un órgano único que tenga a su cargo la impartición de justicia en México, se trata de una función indispensable y esencial en los diversos ámbitos del derecho que resultan de nuestro diseño jurídico y político nacional

El pueblo, dice el Artículo 41 de nuestra Constitución, ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y también por los Poderes de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores.

De este modo, el Estado mexicano cuenta con 32 Poderes Judiciales locales y un Poder Judicial Federal, con competencias diferentes constitucionalmente asignadas, cada uno autónomo e independiente, cada uno tiene sus propias responsabilidades, pero todos compartimos un mismo reto: garantizar el acceso a la justicia.

Además, existen ámbitos en los que el derecho se interpreta y se aplica a través de órganos que no necesariamente forman parte de los poderes judiciales, tal es el caso de la justicia agraria, la conciliación y arbitraje en materia laboral y burocrática, así como la justicia fiscal y la administrativa, todos ellos comparten también el reto de impartir justicia, pronta, completa e imparcial.

La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, con sus 10 capítulos, ha convocado en su seno a quienes tienen la encomienda de velar por el Estado de Derecho y por la justicia, contemplando al vasto universo de órganos, tribunales y juzgados que realizan esa función.

Todo ello en seguimiento de la Declaración de Jurica, resultado de nuestro Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia en el año 2005.

En este auditorio de aproximadamente 300 personas están representados todos y cada uno de los órganos que he relatado.

Señor Presidente de la República, señora Gobernadora, señores legisladores federales y locales:

Desde que concluyó el Segundo Encuentro Nacional de Órganos Impartidores de Justicia el 17 de noviembre pasado, acordamos que la Ciudad de Mérida, Yucatán, sería la sede de esta reunión.

En esta hospitalaria ciudad blanca, cuna de grandes talentos artísticos, políticos y jurídicos, la AMIJ nos da la oportunidad de compartir el día de hoy con las representaciones siguientes:

El Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral y coordinadores generales de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Los poderes judiciales de los estados y el del Distrito Federal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los tribunales de lo Contencioso Administrativo, los Tribunales Electorales Estatales, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las juntas locales de conciliación y arbitraje, los tribunales burocráticos de conciliación y arbitraje y el Tribunal Superior Agrario.

Esta mixtura es la que la AMIJ ha reconocido como su estructura capitular. También nos acompañan como observadores representantes de las justicias militar y naval.

Permítanme enfatizar: hoy están representados todos, absolutamente todos los diversos ámbitos y competencias en que se divide la impartición de justicia en el Estado mexicano.

Este evento es incluyente, plural y transparente, hemos invitado a diversos observadores de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, que honran este evento, no sólo con su presencia, sino con el testimonio que habrán de dar de lo que aquí se acuerde.

Señoras y señores:

Esta no es una reunión aislada, los impartidores de justicia hemos celebrado dos encuentros nacionales anteriormente, el primero se llevó a cabo en diciembre de 2005 en Jurica, Querétaro, y de él surgió la conocida Declaración de Jurica, que fuera el motor de las consultas para la reforma judicial.

Señores impartidores de justicia:

Como lo señalé cuando se constituyó la AMIJ, el sitial que el Congreso de la Unión amablemente le concedió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contexto de la Ley para la Reforma del Estado, ha dado oportunidad para entregar respetuosa y formalmente el Libro Blanco de la reforma judicial que contiene los resultados de aquellas consultas públicas.

Lo entregamos a diputados y a senadores, así como al Titular del Ejecutivo Federal.

El Segundo Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia fue celebrado en noviembre de 2006 en Chapultepec, Ciudad de México; en esa ocasión, se aprobó el Código Modelo de Ética Judicial y se acordó, precisamente, la constitución formal de la AMIJ.

Cómo no recordar que ese segundo encuentro fue inaugurado por usted, señor Presidente de la República, en vísperas de la toma de posesión de su cargo.

Cómo no recordar su compromiso entusiasta para impulsar el Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento de la Impartición de Justicia.

En aquella ocasión, señaló usted tres puntos de coincidencia con los esfuerzos de los juzgadores:

Primero. En la bondad e importancia de impulsar un acuerdo nacional por la reforma judicial.

Segundo, y como lo ha reiterado en diversos foros, en la imperiosa necesidad de trabajar conjuntamente con los demás Poderes de la Unión, con los Poderes de los estados, con los Poderes Judiciales locales y con todas las instancias e instituciones responsables de impartir justicia a los mexicanos, no sólo para generar reformas legislativas, tan necesarias actualmente, sino con la finalidad de elaborar y aplicar políticas de Estado que fortalezcan el acceso y la legitimidad de la justicia en México.

Tercero. En la imprescindible compañía de la sociedad civil para que la transparencia y la rendición de cuentas estén presentes en nuestros trabajos y actividades.

Nosotros, señor Presidente, estamos listos.

En este encuentro abordaremos temas de gran importancia y trascendencia para la justicia en México en diversas mesas como son:

Mesa de Federalismo Judicial. Que, como he mencionado, implica la convivencia de 32 Poderes Judiciales Locales y un Poder Judicial Federal como parte de un gran sistema de impartición de justicia nacional que ha de buscar la integralidad y la cooperación.

La generación de modelos de códigos procesales que fomenten la homologación nacional es un ejemplo de coincidencias que podemos impulsar.

Mesa de Acceso a la Justicia. Como un asunto cualitativo más que cuantitativo queremos elevar la calidad de la justicia como parte de un Estado democrático y constitucional moderno, con visión de mediano y largo plazos y con la finalidad de atender de mejor manera a los justiciables.

Mesa de Gobierno Judicial. Básicamente para seguir avanzando en los esfuerzos por la eficiencia y la transparencia como una sana práctica de rendición de cuentas ante la sociedad.

La asistencia técnica, la capacitación y la coordinación son indispensables para que estos esfuerzos tengan impacto nacional.

Mesa de Estadística Judicial. Consideramos necesario un sistema nacional de información judicial, no se puede mejorar lo que no se ha dimensionado correctamente, congruentemente.

Queremos conocer y saber más de nuestras actividades, quién imparte justicia, a quién se le imparte justicia, cómo se llevan a cabo los procesos, así como una serie de particularidades de cada caso.

Mesa de Ética Judicial. La legitimidad de la ley y las decisiones judiciales descansa en buena medida, en la moral pública, además del Modelo Nacional de Código de Ética Judicial es importante mantener los cursos y las actividades de divulgación para avanzar en esta gran tarea que, sin duda, robustece la legitimidad de la justicia.

Mesa de Capacitación Judicial. Necesitamos impulsar la elaboración de perfiles de los impartidores de justicia para que los esfuerzos de capacitación sean óptimos y mejor orientados.

La justicia es un asunto social que depende del trabajo directamente humano, la capacitación y la carrera judicial es la inversión fundamental del sistema de justicia.

Mesa de Reforma Penal. Actualmente nuestro país delibera sobre su próxima reforma penal; los juzgadores, independientemente de lo que determine el Poder Legislativo, seremos los operadores de cualquier reforma legal en ese orden.

Seguimos con atención las actividades parlamentarias procurando estar en condiciones de tomar las providencias necesarias para afrontar los nuevos retos.

Distinguidos asistentes:

La impartición de justicia en el país es una tarea que comparten muchos órganos en muy diversas jurisdicciones, desde los juzgados de paz hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional tenemos temas, preocupaciones y convicciones comunes, que son las que nos han traído a la Península del Sureste, para seguir el diálogo y refrendar la invitación para compartir este esfuerzo.

El Acuerdo Nacional para la Reforma Judicial Integral y Coherente, es un asunto del Estado mexicano en su máxima expresión.

Una empresa de tales dimensiones, sólo será viable con el compromiso de los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil.

La AMIJ, es un interlocutor confiable para todo ejercicio de reflexión y propuesta que busca el mejoramiento de la impartición de justicia en México.

Las reformas al sistema de justicia en cualquiera de sus componentes, requieren siempre de planeación, tiempo y recursos para su implementación.

La voz de los expertos jurisdiccionales podrá colaborar cuando así le sea de utilidad en toda valoración o planeación.

La AMIJ es ya una realidad, desde luego, se necesitan recursos y apoyos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación incrementó sus políticas de austeridad este año, atendiendo al llamado del Ejecutivo y del Congreso de la Unión.

Hemos calculado que el resultado de los ahorros durante este año será importante.

Como consecuencia de las medidas de racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos que desde enero venimos aplicando.

Queremos anunciar a usted, señor Presidente de la República, a todos los distinguidos funcionarios que nos acompañan y a la sociedad mexicana, que las economías del más alto tribunal de la Nación serán utilizadas como la aportación inicial del Estado mexicano para crear el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia.

Este fondo, al que propongo que denominemos Fondo Jurica por sus orígenes, será el vínculo para garantizar la sustentabilidad de los proyectos que proponga la AMIJ, con base en sus estudios y valoraciones metodológicas, manejado por un comité técnico que garantice la transparencia y la plena rendición de cuentas.

Quiero ser muy claro, este fondo es el resultado de tres años de arduo trabajo y diálogo entre los impartidores de justicia, estará destinado a mejorar la impartición de justicia federal y local en todas sus modalidades: la civil, la administrativa, la laboral, la penal, la electoral y la agraria; en pocas palabras, su finalidad es asegurar que los juzgadores estén en las mejores condiciones para garantizar el acceso a la justicia.

Señor Presidente de la República, señores presidentes e integrantes de las comisiones del Congreso de la Unión, señora Gobernadora, señoras y señores:

Con pleno respeto a la división de poderes y al Estado Federal de la Nación mexicana reiteramos nuestra atenta invitación para que el Ejecutivo Federal, con la jefatura de Estado que la Constitución le otorga, participe entusiastamente en el proceso de transformación que los impartidotes de justicia hemos ya iniciado.

Lo mismo solicitamos con todo respeto a las legislaturas federal y locales, a los gobiernos estatales y a todos los actores institucionales que se encuentran reunidos en este recinto y a la sociedad civil en general.

La modernización, profesionalización y fortalecimiento de la impartición de la justicia es un asunto propio y fundamental del Estado constitucional, las relaciones recíprocas entre los distintos órganos de impartición de justicia y de estos con el resto de los poderes representa una gran oportunidad para la consolidación institucional de nuestra Nación.

Ese el corazón de esta convocatoria, esa es la razón de nuestra invitación.

Muchas gracias.